Pero para comprender mejor este hecho, debemos adentrarnos en cuestiones no tanto ambientales, sino políticas y económicas. La conclusión es que los beneficios sociales y económicos se distribuyen de manera desigual, en favor de las empresas y de las comunidades acomodadas, mientras que los riesgos ambientales se concentran  entre los grupos más vulnerables. Otras teorías señalan más directamente  la discriminación institucional, como motor de la desigualdad ambiental. Como evidencia, destacan las persistentes y rígidas diferencias en la formulación y la aplicación de las políticas ambientales a nivel global. A finales de los años 70 y principios de los 80,  investigadores, activistas y funcionarios gubernamentales empezaron a documentar patrones de desigualdad social y daño ambiental, que definieron el concepto de desigualdad ambiental y en respuesta a ello surgió la "Justicia Ambiental" que consiste en la noción de que todas las personas y comunidades tienen el mismo derecho a la protección, por medio de leyes y reglamentos de salud ambiental, igualitarios, aplicables y funcionales.